martes, 24 de abril de 2012
Aponte y la comunicación reactiva
Mar de Leva-. El caso del ex magistrado Eladio Aponte Aponte es una oportunidad de oro para efectuar una evaluación exhaustiva, más allá de las implicaciones políticas, sociales y morales que de por sí trae colgando este triste episodio, del manejo que el gobierno de Chávez emplea en materia comunicacional y la estrategia de posicionamiento reactivo trasmutado en un ataque sistematizado en contra de sus adversarios políticos.
Es digno de estudiar con detenimiento este caso, entendiéndolo y palpándolo desde la óptica de la campaña mediática del régimen, por ende, debemos observar primeramente que ante la eminencia de las revelaciones del antiguo jerarca del poder judicial venezolano, los voceros del Gobierno Nacional emprendieron la ardua tarea de desprestigiar al tentativo delator, y a priori a desestimar cualquier tipo de declaraciones que éste pudiese dar vulnerando así la ya frágil imagen de la administración actual criolla.
A través de la poderosa red de comunicaciones del Estado, para algunos mecanismos llanamente del partido de gobierno o para otros simples ventanas de manipulación alrededor de la imagen presidencial, emprendió mediante opinadores de oficio y noticias claramente estereotipadas en una campaña de difusión de conceptos propagandísticos, la proliferación de mensajes argumentados que menospreciaban desde el punto de vista político, social y moral, al otrora magistrado de la alta corte venezolana.
La estrategia del gobierno, luego de desestimar las posibles declaraciones del abogado “aliado” de la DEA, se enfiló en criticar la actuación del ente norteamericano anti-drogas, recalcando el ya utilizado y hasta ahora efectivo discurso de encarnación del “mal” en la figura del enemigo externo. Posteriormente los distintos voceros del gobierno y los diferentes actores de la opinión pública afectos al sistema imperante en Venezuela comenzaron a calificar al ex magistrado Aponte como el “nuevo dirigente de la oposición venezolana” pretendiendo hacer una vinculación entre el juez “inmoral” con la estructura de la disidencia política nacional.
El meollo de la táctica oficialista estriba esencialmente en allanar el camino del descredito del denunciante y a su vez de sus denuncias, luego profundizar en el concepto ya público, y en algunos sectores del chavismo radical enraizado hondamente, de que el enemigo internacional vuelve a arremeter en contra del “bien” representado por las luchas “libertadoras de la revolución” y por último el remate de introducir la imagen deteriorada del magistrado entre las filas de la oposición, buscando dentro del manejo de la manipulación de masas un enlazamiento conceptual entre éste y las fuerzas opositoras, para así dañar el perfil de la dirigencia adversa al régimen.
En resumidas cuentas podemos afirmar, sin temor alguno, que el régimen de Hugo Chávez puede salir con la menor cantidad de heridas posibles ante este escándalo gracias al manejo comunicacional que efectúa, esto siempre y cuando la oposición no rediseñe un plan de comunicaciones que implique una respuesta rápida, argumentada, simple en su estructura y penetrante en todas las capas sociales y políticas, no sólo en el voto tradicional disidente, que pueda revertir la tendencia que trata de imponer el gobierno.
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